México
El Senado de México inició el 24 de octubre la discusión de un dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas constitucionales. Este proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 avanzó en comisiones con el apoyo mayoritario del bloque oficialista, desatando polémica por su intención de fortalecer la soberanía del Poder Legislativo en relación con el Judicial y por las críticas que ha recibido sobre la creación de una ‘supremacía constitucional’.
La propuesta surge como un mecanismo para proteger reformas recientes aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso, como la elección de jueces, que ha enfrentado al menos dos suspensiones por parte de jueces federales, así como otras reformas en discusión, como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones de corrupción e imparcialidad dirigidas al Poder Judicial.
Tras un debate de varias horas, el Pleno del Senado aprobó el dictamen sobre la impugnabilidad de la Constitución con 85 votos a favor de los partidos oficialistas—Morena, PT y PVEM—, logrando así la mayoría calificada. La reforma recibió 41 votos en contra de la oposición.
Durante la presentación del dictamen, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, explicó que el objetivo es aclarar que no procederán las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso, además de evitar el uso del juicio de amparo para impugnar estas modificaciones.
El debate en el Senado estuvo marcado por posturas opuestas. Los senadores de Morena defendieron la reforma, argumentando que esta evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios impulsados por el Legislativo, alineados con lo que consideran un mandato popular. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó que la reforma no viola el derecho de amparo, sino que busca impedir que este recurso sea usado para perjudicar al pueblo. También acusó a la oposición de desconectarse del sentir popular y utilizar al Poder Judicial para frenar la transformación democrática del país.
Por otro lado, los legisladores de oposición rechazaron enérgicamente el dictamen. El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó la propuesta como un intento de centralizar el poder y restringir los recursos legales disponibles para que los ciudadanos defiendan sus derechos frente a posibles abusos. Anaya cuestionó qué sucedería si una reforma constitucional vulnera un derecho fundamental, señalando que no habría forma de impugnarlo.
Los partidos de oposición también presentaron mociones suspensivas, argumentando que la reforma es un paso hacia la instauración de una dictadura en México, aunque estas mociones no fueron consideradas por la mayoría legislativa.
A pesar del respaldo mayoritario de Morena y sus aliados, el debate sobre el dictamen promete continuar ante la resistencia de la oposición, que insiste en que esta medida pone en riesgo el equilibrio de poderes en el país. Si se aprueba, la reforma significará un cambio considerable en el sistema jurídico mexicano, limitando las opciones legales para impugnar las decisiones del Congreso y fortaleciendo el control del Poder Legislativo sobre las reformas constitucionales.