La fiscalización de las campañas para la elección judicial en Tamaulipas se perfila como un reto significativo debido al elevado número de candidatos y las disposiciones especiales sobre financiamiento. Sergio Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el seguimiento de los gastos de campaña presentará dificultades cuando el proceso electoral inicie el 30 de marzo.
A diferencia de las elecciones constitucionales, los aspirantes a cargos judiciales no contarán con financiamiento público ni privado, lo que les obliga a solventar sus actividades con recursos propios. Esta situación complica el monitoreo de ingresos y egresos, al no existir un registro formal de aportaciones externas.
Ruiz Castellot destacó que la Unidad de Fiscalización del INE desplegará un esfuerzo especial para contabilizar los recursos utilizados y verificar el cumplimiento de los topes de gastos, los cuales varían según el cargo en disputa.
“El monitoreo de actividades, la revisión de informes de gastos y la observancia de los límites financieros será una tarea desafiante, dado el número de candidatos involucrados”, subrayó el funcionario.
Uno de los aspectos más sensibles será la publicidad de los candidatos. La utilización de propaganda impresa podría interpretarse como una estrategia de compra de votos, lo que obliga a los aspirantes a actuar con extrema cautela en sus estrategias de difusión.
“Las campañas tendrán restricciones que no hemos visto en otros procesos. La promoción de los candidatos deberá ser cuidadosamente vigilada para evitar dudas sobre el origen de los recursos empleados”, explicó Ruiz Castellot.
A pesar de estos desafíos, el INE mantendrá la fiscalización del proceso, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. No obstante, la supervisión presentará limitaciones debido a que el financiamiento dependerá únicamente de los propios candidatos, sin intervención de recursos públicos o privados.