El régimen de Daniel Ortega ha ordenado la transferencia de siete propiedades en Managua al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Estos bienes fueron previamente confiscados a opositores, empresarios, activistas de derechos humanos, excarcelados políticos, organizaciones religiosas, ONGs y periodistas a quienes la administración sandinista despojó de su nacionalidad y patrimonio.
A través del Acuerdo Presidencial 30-2025, Ortega autorizó a la Procuradora General de la República (PGR) para que, en representación del Estado, formalice junto con el presidente del INSS la Escritura Pública de donación de estos inmuebles. Este proceso se llevará a cabo ante la Notaría del Estado.
El documento oficial detalla que las propiedades donadas se encuentran registradas con los siguientes Números Absolutos de Propiedad (NAP):
1. BI-2KSWVXD4, Asiento Folio Electrónico 2°
2. BI-2KSVOERK, Asiento Folio Electrónico 2°
3. BI-2KSWVYSW, Asiento Folio Electrónico 2°
4. BI-XER4US, Asiento Folio Electrónico 2°
5. BI-XER4U1, Asiento Folio Electrónico 2°
6. BI-XER4XQ, Asiento Folio Electrónico 2°
7. BI-XER4W8, Asiento Folio Electrónico 2°
Para concretar la transferencia, el presidente del INSS deberá presentar ante el Consejo Directivo de la institución la solicitud de aceptación de la donación. Según el acuerdo, este proceso es un requisito para que el INSS pueda asumir oficialmente la administración de los bienes.
Por su parte, la Procuradora General de la República será la encargada de ejecutar los trámites legales correspondientes, incluyendo la incorporación de cláusulas contractuales destinadas a "salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua". Esto abarca gestiones jurídicas, administrativas y registrales para completar la transferencia.
La medida se inscribe dentro de la política del régimen de Ortega de apropiación de bienes pertenecientes a críticos de su gobierno, un patrón que ha sido ampliamente denunciado por organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Mientras tanto, Estados Unidos ha advertido sobre las implicaciones legales y económicas de estas confiscaciones, en particular su posible impacto en el cumplimiento del CAFTA y otras normativas comerciales.
Fuente: 100% Noticias