Ecuador: TCE pide a la Corte Constitucional pronunciarse sobre prohibición de celulares al votar

 

Ecuador

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) solicitó a la Corte Constitucional que determine la legalidad de la prohibición del uso de celulares durante el sufragio en la segunda vuelta presidencial de Ecuador. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este lunes, 31 de marzo de 2025, el protocolo que regirá la aplicación de esta medida.

El juez Guillermo Ortega, en su petición, argumenta que la restricción podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política y el secreto del voto. Por ello, considera que su aplicación sería inadecuada si llegara a contradecir principios constitucionales.

La solicitud surge en medio de impugnaciones contra la decisión del CNE y en un contexto en el que la Corte Constitucional ya está analizando una acción pública de inconstitucionalidad sobre esta disposición.

"Es fundamental esclarecer si esta normativa es constitucional, pues si vulnera derechos y garantías fundamentales, su aplicación sería inviable y atentatoria contra los electores", señaló Ortega.

El TCE admitió a trámite un recurso contra la prohibición del uso de celulares en los recintos electorales durante la votación y el escrutinio. No obstante, el juez Ortega decidió remitir el caso a la Corte Constitucional antes de emitir un fallo, considerando que la medida podría afectar derechos protegidos por la Carta Magna.

La abogada Mónica Jaramillo presentó el recurso, que fue admitido por Ortega después de que un caso similar fuera archivado por falta de respuesta a requerimientos del juez.

Ortega decidió suspender la resolución sobre esta nueva demanda hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. La prohibición, impulsada por el CNE a petición del presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, abarca a todos los votantes y miembros de las juntas receptoras del voto, excepto al jefe de mesa, quien debe cargar el acta por medios electrónicos.

El CNE justificó la medida tras denuncias de Noboa sobre supuestas amenazas de bandas criminales a electores para que votaran por su oponente, la correísta Luisa González, usando fotografías como prueba. Sin embargo, no presentó pruebas públicas de estas acusaciones.

Ortega señaló que la prohibición podría interpretarse como una protección al secreto del voto, evitando presiones de grupos políticos o delictivos. Sin embargo, consideró que su aplicación generalizada genera dudas sobre su adecuación constitucional, lo que amerita un análisis profundo por parte de la Corte Constitucional.

"La restricción crea una infracción electoral sin un procedimiento claro para su aplicación, lo que podría generar afectaciones a los derechos de los ciudadanos y dificultades en su implementación", advirtió.

Asimismo, alertó que la prohibición podría limitar excesivamente la capacidad de los votantes para documentar y denunciar irregularidades, afectando la transparencia electoral. Además, indicó que la normativa constitucional e internacional exige que cualquier restricción de derechos sea la menos gravosa posible para alcanzar su objetivo.

Ante delegados de partidos políticos y observadores internacionales, el CNE detalló las directrices para el control del uso de celulares durante la votación:

  • Los secretarios de las juntas receptoras recordarán a los votantes la prohibición de uso de celulares al presentar su cédula.

  • Los miembros de mesa supervisarán que los votantes no fotografíen su voto.

  • No se retirará ni revisará el celular de los votantes.

  • En caso de incumplimiento, se emitirá una boleta de notificación.

  • Se entregará una copia de la notificación al infractor y otra al coordinador del CNE.

  • La denuncia será enviada al Tribunal Contencioso Electoral.

Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de entre USD 9.800 y USD 32.900 y la posible pérdida de derechos políticos. La prohibición también aplica a miembros de juntas receptoras del voto.

El CNE argumenta que la medida busca evitar presiones y la compra de votos. Mientras tanto, los coordinadores de mesa y recinto recibirán capacitación para la aplicación del protocolo.

Fuente: Primicias

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