Michoacán
El Congreso de Michoacán tiene en análisis tres iniciativas legislativas que buscan regular o prohibir contenidos musicales que promuevan la narcocultura, la figura del delincuente y la apología del delito, con énfasis en los narcocorridos.
La creciente violencia en diversas regiones del país y el impacto mediático de figuras del crimen organizado, especialmente tras el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco, ha impulsado a los poderes Ejecutivo y Legislativo a tomar acciones para frenar eventos que promuevan estos mensajes.
Las propuestas fueron presentadas por los legisladores Octavio Ocampo Córdova, Eréndira Isauro Hernández y Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quienes coinciden en la necesidad de establecer restricciones legales para evitar que la libertad de expresión se utilice para difundir mensajes que normalicen el crimen y la violencia.
La primera de las iniciativas fue presentada en febrero por el diputado del PRD, Octavio Ocampo, quien propone imponer sanciones de hasta 180 jornadas de trabajo comunitario para aquellos que promuevan delitos o el consumo de drogas a través de medios como redes sociales, medios de comunicación o expresiones artísticas.
Por su parte, la diputada morenista Eréndira Isauro Hernández impulsa una reforma que restringe la interpretación de narcocorridos en eventos públicos. Argumenta que, aunque la libertad de expresión debe ser respetada, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir cuando se difunden narrativas que perpetúan la cultura del crimen.
El pasado jueves, el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla presentó su iniciativa, que contempla penas de prisión de entre seis meses y tres años por apología del delito en espectáculos y redes sociales, además de facultar a las fuerzas de seguridad para disolver actos públicos en los que se incurra en esta conducta.
La Secretaría de Gobierno del Estado, liderada por Carlos Torres Piña, también anunció la presentación de una propuesta para prohibir todo tipo de espectáculo donde se haga apología del delito, abarcando no solo el ámbito musical, sino también actividades como peleas de gallos que se utilicen para incitar a conductas ilícitas.
Este tema ha ganado relevancia a nivel nacional, con estados como Nayarit, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato implementando medidas similares para prohibir conciertos y otras expresiones relacionadas con la apología del delito.
Recientemente, el gobierno de Jalisco presentó una iniciativa similar, mientras que en Chihuahua, el cantante Natanael Cano pagó más de un millón de pesos en multas por cantar narcocorridos, marcando un precedente sobre las consecuencias legales de difundir estos contenidos en lugares donde están prohibidos.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante un concierto de Los Alegres del Barranco, donde se proyectaron imágenes de “El Mencho”, uno de los principales líderes criminales del país. El escándalo creció cuando, a pesar de la indignación pública, el grupo repitió la proyección en un concierto en Uruapan, Michoacán.
El pasado 12 de abril, durante la Feria del Caballo 2025, el cantante Luis R. Conriquez fue atacado por el público tras anunciar que ya no interpretaría narcocorridos. Los asistentes arrojaron objetos y dañaron los instrumentos del cantante, lo que desató una fuerte controversia.
El debate legal en torno a estas iniciativas se centra en el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de los jóvenes a crecer en un entorno libre de violencia, así como la responsabilidad del Estado de implementar políticas preventivas ante el crimen organizado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha abordado casos similares, y en algunos estados, las sanciones se aplican solo en contextos específicos, como espectáculos públicos, bajo regulaciones locales.
En Michoacán, el tema de los narcocorridos no es nuevo. En 2016, durante la 73 Legislatura, el Congreso estatal otorgó la presea “Constitución de 1824” al grupo Los Hermanos Jiménez, conocidos por interpretar corridos que exaltan a figuras del narcotráfico. Este reconocimiento fue ampliamente criticado por organizaciones sociales que lo vieron como una contradicción.
Hoy, con tres iniciativas en discusión y una más anunciada por el Ejecutivo estatal, el Congreso de Michoacán enfrenta el desafío de legislar sobre un tema delicado que podría tener repercusiones políticas. Este debate pone a prueba la capacidad del Estado para intervenir en discursos que influyen en la percepción social del crimen organizado.
Fuente: Quadratín