Morena propone impedir que deudores alimentarios sean servidores públicos en CDMX
Diputado Alberto Martínez Urincho impulsa reforma para garantizar ética y responsabilidad en funcionarios públicos
El diputado local de Morena, Alberto Martínez Urincho, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México que impida que las personas que sean deudoras alimentarias puedan ocupar cargos públicos, ya sea de elección popular, en organismos autónomos o en cualquiera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en alcaldías. La propuesta, presentada en julio de 2026, busca promover la ética, la transparencia y la perspectiva de género en la administración pública, además de proteger el bienestar de la infancia y combatir la violencia económica hacia las mujeres.
Propuesta para fortalecer la ética y la responsabilidad en servidores públicos
La iniciativa modifica el artículo 7 de la Constitución local para establecer como requisito indispensable que quienes aspiren a un cargo público no sean deudores alimentarios ni tengan sentencias firmes por delitos sexuales, violencia de género o violencia familiar. Martínez Urincho destacó que esta medida busca fomentar la confianza ciudadana en las instituciones, al garantizar que los servidores públicos actúen bajo principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y equidad.
En sus argumentos, el legislador señaló que “el actuar ético de los funcionarios públicos es fundamental para prevenir la corrupción, promover la justicia y mejorar la calidad de los servicios que el Estado ofrece a la población”. 
Perspectiva de género y protección a la infancia
La iniciativa también incorpora una perspectiva de género, resaltando la importancia de sancionar la evasión de obligaciones alimentarias para proteger la salud y el desarrollo integral de los niños y niñas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimentaria correspondiente, y más del 67% de madres solteras enfrentan solas esta problemática.
Esta situación genera desigualdad y violencia económica, principalmente hacia las mujeres, quienes muchas veces son responsables del cuidado y sustento de los hijos. La reforma busca combatir estas desigualdades y garantizar la estabilidad familiar y social.
Contexto y retos actuales en México
El documento presentado por el diputado también menciona que, en México, existe una clara disparidad de género en la incidencia delictiva: mientras los hombres sufren más delitos comunes en la vía pública, las mujeres son las principales víctimas de violencia de género, familiar y agresiones sexuales. Por ello, la propuesta de Martínez Urincho se alinea con los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la justicia y la protección de los derechos humanos.
Para conocer más sobre las políticas públicas y normativas en materia de derechos y protección social en México, se puede consultar la página oficial del Gobierno de México.
Esta iniciativa se suma a otras reformas en el país que buscan garantizar que los servidores públicos mantengan un comportamiento ético y responsable, reflejando un compromiso con la justicia social y la igualdad. La propuesta ahora deberá ser discutida y aprobada en el Congreso local para poder ser implementada.
