PRI en Hidalgo pierde 85 mil 116 pesos por embargo ordenado por tribunal laboral
Tribunal Laboral ordena embargo a prerrogativas del PRI en Hidalgo por resolución judicial
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo sufrió un embargo de 85 mil 116.60 pesos, ordenado por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del estado, como parte de una resolución en favor de Lucio Gutiérrez Hernández. Este embargo fue ejecutado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en junio de 2026, afectando las prerrogativas ordinarias del partido, sin tocar recursos destinados a salarios o prestaciones de sus trabajadores.
Detalles del embargo y cumplimiento legal
La secretaria ejecutiva del IEEH, Dulce Olivia Fosado Martínez, explicó que el monto embargado corresponde a una sentencia emitida dentro del expediente 1522/2023, y que el acuerdo fue aprobado por el Consejo General del instituto electoral para cumplir con la resolución judicial.
El embargo recae sobre las prerrogativas ordinarias del PRI, respetando que no se afecten los salarios ni prestaciones laborales, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones existentes mientras se ejecuta la sentencia. Fosado Martínez enfatizó que esta acción no implica la afectación directa de bienes materiales del partido, sino la retención de recursos públicos que administra el organismo electoral, en apego al artículo 17 de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a acatar resoluciones judiciales. 
Las áreas de Prerrogativas y Partidos Políticos, junto con la Dirección de Administración del IEEH, fueron instruidas para llevar a cabo el procedimiento correspondiente para ejecutar el embargo sobre el financiamiento público ordinario del PRI.
Reacción del PRI y cuestionamientos a la resolución
Federico Hernández Barros, representante del PRI ante el IEEH, manifestó su desacuerdo con la resolución del tribunal laboral, señalando que no se valoraron adecuadamente los argumentos del partido sobre las nóminas y montos reclamados. Consideró que el embargo afecta el desarrollo de una actividad política reconocida constitucionalmente.
Hernández Barros explicó que el conflicto jurídico surge de una relación laboral particular entre un trabajador y el partido, y denunció que las actuaciones judiciales parecen buscar afectar la administración interna del PRI. Además, anticipó que este caso podría impulsar una discusión para una posible reforma electoral en Hidalgo, con el objetivo de establecer criterios claros sobre la ejecución de este tipo de resoluciones contra partidos políticos.
El embargo a prerrogativas del PRI en Hidalgo refleja la aplicación estricta de resoluciones judiciales en materia laboral, que impactan directamente en los recursos públicos destinados a los partidos políticos. Para mayor información sobre el marco legal de los partidos y prerrogativas, puede consultarse la página oficial del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
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